Sombrereros VS. R-21, entre hipótesis, disculpas y memoria (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*SOMBREROS VS. R-21, ENTRE HIPÓTESIS, DISCULPAS Y MEMORIA
*UN DESFILE DESLUCIDO Y EL RESPALDO A BEDOLLA
*“CONTROL DIGITAL A LA 4T”
*UN TERCIO DE LA DEUDA EN SOLO SIETE AÑOS
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (21-XI-2025).- El asesinato de CARLOS MANZO RODRÍGUEZ, ex presidente municipal de Uruapan, ha detonado una confrontación política que expone las fracturas internas de Morena y la emergencia de nuevos actores. El Movimiento del Sombrero insiste en que las divergencias políticas que MANZO mantenía con RAÚL MORÓN OROZCO, LEONEL GODOY RANGEL y NACHO CAMPOS deben ser consideradas como una línea de investigación. No se trata de responsabilizarlos directamente, sino de exigir que la Fiscalía no descarte hipótesis que podrían explicar el contexto del crimen.

En respuesta, el diputado local JC BARRAGÁN VÉLEZ, operador de la tribu R-21 (Bloque de Defensa de los Valores de la 4T), acusó a la sombreriza de fanatismo y de poner en riesgo la integridad de los líderes de su bloque. BARRAGÁN exigió una disculpa pública, señalando que las insinuaciones dañan la trayectoria de actores políticos cercanos a MORÓN.
El trasfondo es más amplio: MANZO había presentado más de 90 denuncias por corrupción contra IGNACIO CAMPOS, su antecesor en la alcaldía de Uruapan, lo que mantiene vigente la sospecha de que el crimen no puede desvincularse de la disputa por el control político y económico del municipio.
Claves del conflicto: 1.- Movimiento del Sombrero: exige que las divergencias políticas con MORÓN, GODOY y CAMPOS sean investigadas como hipótesis. 2.- R-21 (Bloque de Defensa de los Valores de la 4T): acusa de fanatismo y exige disculpas públicas. 3.- GRECIA QUIROZ: sostiene que su esposo dejó constancia de posibles responsables en caso de agresión. 4.- NACHO CAMPOS: señalado por las denuncias de corrupción que MANZO presentó en su contra.5.- JC Barragán: se convierte espontáneamente en la voz de R-21 para blindar a sus líderes.
Empero, hay una arista incómoda: las disculpas pendientes de GODOY. El reclamo de disculpas públicas abre un contraste inevitable. LEONEL GODOY RANGEL, hoy protegido por R-21, nunca ofreció disculpas a las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, cuando era gobernador. El ataque dejó 8 muertos y más de 120 heridos, y dirigentes del PRI han señalado recientemente que GODOY fue omiso ante alertas previas del C4 sobre posibles atentados.
Mientras BARRAGÁN exige disculpas por insinuaciones políticas, la memoria colectiva recuerda que las víctimas de aquel atentado jamás recibieron una disculpa pública del entonces gobernador. La exigencia de disculpas, entonces, se convierte en un boomerang político: quienes hoy reclaman, nunca asumieron públicamente la responsabilidad moral frente a uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Michoacán.
El caso MANZO no es solo un expediente judicial: es un espejo de las pugnas internas de Morena y de la disputa por el relato político en Michoacán. El Movimiento del Sombrero busca que las tensiones políticas no se ignoren; R-21 responde con la narrativa de la victimización y exige disculpas. En el fondo, lo que se juega es la credibilidad: ¿se investiga todo, incluso las diferencias políticas, o se limita la pesquisa para proteger a las tribus internas?
Y más aún: ¿con qué autoridad moral se exige una disculpa pública, cuando las víctimas de los granadazos de 2008 siguen esperando la suya?
UN DESFILE DESLUCIDO Y EL RESPALDO A BEDOLLA.
El desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en Morelia dejó más preguntas que respuestas. La participación fue notoriamente menor que en años anteriores: apenas 2,580 personas, frente a las más de 4,200 registradas en 2024. La ausencia de instituciones educativas y universitarias, incluida la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), marcó un vacío simbólico en un acto que tradicionalmente se nutre de la presencia escolar.
Sin embargo, frente al Palacio de Gobierno, la narrativa se inclinó hacia otro lado. Allí se apostaron contingentes con cartulinas y consignas, que durante el desarrollo del desfile se manifestaron con gritos de apoyo al gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA. El contraste fue evidente: mientras el desfile carecía de la fuerza institucional de antaño, los contingentes buscaban reforzar la imagen de respaldo popular al mandatario.
El desfile de la Revolución Mexicana en Morelia se convirtió en un acto político disfrazado de conmemoración cívica. La ausencia de instituciones educativas debilitó la fuerza simbólica del evento, mientras que los contingentes de apoyo al gobernador buscaron equilibrar la narrativa con muestras de respaldo.
Pero aquí surge la reflexión inevitable: ¿a quién se le ocurre llevar contingentes acarreados exprofeso para gritar apoyo al gobernador en un acto cívico? ¿Acaso esos gritos y cartulinas tuvieron algún rendimiento político real, o terminaron restando simpatía al jefe del Ejecutivo estatal?
El contexto no puede ignorarse: en un desfile marcado por la baja participación y el vacío institucional, la presencia de grupos que se manifestaron en apoyo a BEDOLLA parece más un intento de compensar la falta de legitimidad que una expresión genuina de respaldo popular. Y en política, cuando el acarreo se nota, el efecto suele ser contrario: en lugar de sumar credibilidad, resta confianza y alimenta la percepción de debilidad. ¿qué pesa más en la memoria ciudadana, el vacío de las instituciones o los gritos organizados frente al Palacio de Gobierno?
“CONTROL DIGITAL A LA 4T”.
La diputada LEONOR OTEGUI, desde el Congreso de la Ciudad de México, abrió un frente inesperado: regular a los influencers. Su iniciativa plantea multas millonarias y hasta la suspensión de cuentas para quienes difundan publicidad engañosa, promuevan productos nocivos o usen deepfakes con fines de manipulación.
El discurso oficial habla de responsabilidad digital, pero la pregunta es inevitable: ¿se trata de proteger a los usuarios o de controlar la conversación en redes? En un país donde más de 100 millones de mexicanos pasan siete horas diarias conectados, la medida no es menor.
La propuesta coloca a México en la ruta de Europa, donde ya existen leyes para frenar la publicidad encubierta y proteger a menores. Sin embargo, aquí las sanciones son más duras y el riesgo político más evidente: Morena puede ser acusado de querer regular la voz de quienes hoy influyen más que los medios tradicionales.
Y no es la primera vez. Ahí están la reforma para regular las publicaciones de la Iglesia, la iniciativa que pretendía sancionar memes y stickers de funcionarios, y las reformas en telecomunicaciones que huelen a censura. El patrón es claro: la 4T quiere extender su control a cada rincón de la conversación pública.
El problema no es la regulación en sí —nadie defiende la publicidad engañosa o la explotación de menores—, sino el uso político de estas leyes. En un país donde los influencers tienen más alcance que muchos medios tradicionales, ponerlos bajo amenaza de multas millonarias y suspensión de cuentas equivale a neutralizar voces incómodas.
La libertad de expresión no se protege con sanciones, se garantiza con transparencia y pluralidad. Y lo que hoy vemos es un gobierno que, paso a paso, construye un marco legal para vigilar y sancionar la comunicación.
La 4T ha puesto la mira en los influencers. Y lo que está en juego no es la ética digital, sino el control del discurso público.
UN TERCIO DE LA DEUDA EN SOLO SIETE AÑOS
Por más de un siglo, desde que VENUSTIANO CARRANZA asumió el poder tras la Revolución, México ha acumulado deuda pública como parte de su modelo de desarrollo, estabilización y rescate. De CALLES a PEÑA NIETO, pasando por ECHEVERRÍA, SALINAS y CALDERÓN, el país transitó por crisis, ajustes, privatizaciones y reformas fiscales que dejaron una deuda acumulada de aproximadamente 45.5 billones de pesos al cierre de 2018.
Ese periodo, que muchos etiquetan como el ciclo “neoliberal”, abarcó 101 años de historia presidencial. Y sin embargo, en apenas 7 años, los gobiernos de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y CLAUDIA SHEINBAUM PARDO han sumado 15.6 billones de pesos más a la deuda pública nacional.
Es decir, un tercio de toda la deuda acumulada en el siglo anterior, contraída en tiempo récord.
No se trata solo de montos. El ritmo de endeudamiento anual pasó de un promedio de 0.45 billones por año en el siglo XX y XXI, a 2.23 billones por año en el sexenio de AMLO y el primer año de SHEINBAUM.
Y aunque el porcentaje del PIB se ha mantenido relativamente estable —de 45% con Peña Nieto a 49% en 2025— el volumen absoluto de deuda creció como nunca antes.
¿Dónde quedó la austeridad republicana? ¿Qué tan sostenible es este modelo de gasto social e infraestructura sin una reforma fiscal de fondo? ¿Y qué implicaciones tendrá para el presupuesto 2026, que ya proyecta un techo de deuda de 16.2 billones?
La historia fiscal de México no se mide solo en porcentajes, sino en decisiones políticas. Y hoy, el dato es contundente: en siete años se contrajo un tercio de la deuda de todo el siglo neoliberal. El debate está servido.