CLAUDIA INFORMA… ¿VAMOS BIEN? ¿VAMOS MEJOR? ¿O VAMOS IGUAL?
*MEDIO MILLÓN DE EXPEDIENTES Y UNA REFORMA QUE NO REFORMA.
*VOTO POPULAR: ¿JUSTICIA DEMOCRÁTICA O ESPECTÁCULO ELECTORAL?
*BIENVENIDA LA TREMENDA CORTE DEL ACORDEÓN.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (03-IX-2025).- Este lunes 1 de septiembre, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM presentó su Primer Informe de Gobierno. Once meses de gestión bastaron para que desde Palacio Nacional se lanzara una narrativa de logros, cifras y promesas que, si uno no las revisa con bisturí, podrían parecer el parte médico de un país en recuperación. Pero aquí no hay anestesia: hay lupa.

Según la presidenta, los delitos de alto impacto bajaron 11 % y los feminicidios 34 %. En Nuevo León, presume una caída del 70 % en homicidios dolosos. ¿Y Michoacán? ¿Dónde están los datos desagregados por región? Porque en Tierra Caliente, la violencia no se mide en porcentajes, se vive en desplazamientos, en aulas vacías, en comunidades silenciadas.
En salud, se presume un abasto de medicamentos superior al 90 %. ¿Y los centros de salud de la Meseta Purépecha? ¿Y los hospitales de Apatzingán? Se inauguraron 15 hospitales y vienen 16 más. Pero si no hay médicos, si no hay personal capacitado, ¿de qué sirve el ladrillo?
Los programas sociales siguen siendo el músculo político del régimen: 32 millones de familias reciben apoyos directos, con una inversión de 850 mil millones de pesos. Pero en Michoacán, ¿cómo se distribuyen esos recursos? ¿Dónde están los padrones públicos? ¿Quién fiscaliza el Banco del Bienestar en zonas donde ni siquiera hay conectividad?
En economía, se presume crecimiento del 1.2 % anual y récord en inversión extranjera. El salario mínimo subió 12 % en términos reales, pero la tortilla, el huevo y el transporte subieron más. Se construirán 390 mil viviendas este año. Y sí, en Michoacán hay movimiento: en Huiramba arrancó la construcción de mil viviendas para población sin seguridad social—jefas de familia, adultos mayores, indígenas, trabajadores agrícolas. Es el número más alto en el estado, y Lagunillas está en la mira para la siguiente etapa. Pero ojo: si la demanda supera la oferta, habrá sorteo. ¿Justicia habitacional o tómbola?
En ciencia y tecnología, se presume un aumento del 193 % en apoyos a la investigación. Se presentó el mini vehículo eléctrico “Olinia” y satélites de observación climática. ¿Y los institutos regionales? ¿Y los investigadores que siguen esperando becas del CONACYT? ¿Dónde está la descentralización prometida?
En justicia para pueblos originarios, se presume que más de 20 mil comunidades reciben recursos directos. Bien. Pero si no se respeta su autonomía, si no se consulta de forma real, si se imponen reglas desde el centro, ¿de qué justicia hablamos?
Al final, Sheinbaum cerró con un mensaje emotivo: “Vamos bien y vamos a ir mejor”. Pero desde esta lupa, lo que se ve es continuidad con maquillaje, cifras sin contexto y una narrativa que busca convencer más que informar. Michoacán observa, y no se conforma.
MEDIO MILLÓN DE EXPEDIENTES Y UNA REFORMA QUE NO REFORMA.
Cuando el Poder Judicial y el sistema educativo se hunden juntos, los maestros y los jueces se convierten en los últimos bastiones de dignidad institucional. Más de medio millón de casos sin resolver en el Poder Judicial Federal, y miles de estudiantes atrapados en un sistema educativo que no alcanza ni para el pizarrón. En Michoacán, el rezago judicial y el educativo se entrelazan como síntomas de un Estado que promete transformación, pero entrega abandono.
A nivel nacional, el Poder Judicial Federal acumula 552,111 casos rezagados, y Michoacán no se queda atrás. Al 31 de agosto de 2025, el Poder Judicial del Estado de Michoacán reporta un total de 149,662 expedientes en rezago. Pero no todos los números pesan igual.
• En los órganos de justicia alternativa —conciliación y mediación— hay 927 asuntos pendientes, lo cual, aunque relevante, no representa el núcleo del problema.
• El foco rojo está en los juzgados de primera instancia, donde se acumulan 149,300 expedientes rezagados, de los cuales 118,479 pertenecen a materias civil y familiar.
• Las salas del tribunal, por su parte, muestran un rezago marginal: solo 65 asuntos pendientes, lo que evidencia que el cuello de botella está en la base operativa del sistema.
Este panorama revela una justicia que no colapsa desde arriba, sino desde abajo, donde los ciudadanos enfrentan procesos que se eternizan, jueces que no dan abasto, y una estructura que no ha sido modernizada ni fortalecida.
¿MINISTROS SIN EXPERIENCIA? LA CORTE COMO CASTING POLÍTICO
En Michoacán, donde la judicialización de conflictos agrarios, educativos y comunitarios requiere sensibilidad y conocimiento profundo del contexto, esa frase suena a burla. La experiencia no es un lujo: es la única garantía de que el derecho no se convierta en capricho.
El rezago judicial y el educativo no son fenómenos aislados. En Michoacán, los conflictos magisteriales terminan judicializados, los amparos por asignación de plazas se acumulan, y los tribunales laborales enfrentan miles de demandas de docentes sin base. Pero sin jueces, sin presupuesto y sin voluntad política, ni los expedientes caminan ni las aulas se dignifican.
VOTO POPULAR: ¿JUSTICIA DEMOCRÁTICA O ESPECTÁCULO ELECTORAL?
La joya de la corona reformista es la elección por voto popular de jueces y magistrados. A partir de 2024, los ciudadanos podrán elegir a quienes impartan justicia. Pero como bien advierten especialistas como CHRISTIAN BENÍTEZ NÚÑEZ, esto no garantiza independencia ni capacidad técnica. Al contrario: politiza la justicia, la somete a campañas y la expone a intereses partidistas.
Y en medio de este experimento institucional, el ex presidente de la Suprema Corte, ARTURO ZALDÍVAR, lanza una frase que merece ser tallada en mármol por su audacia: “Para ser ministro de la Corte no es requisito tener experiencia”. Así lo declaró en una entrevista reciente, defendiendo la legitimidad de los nuevos perfiles que integrarán el Alto Tribunal.
¿No es requisito tener experiencia? ¿En serio? ¿Cómo se suple la experiencia en algo tan delicado como la interpretación constitucional, la tutela de derechos humanos o el control de convencionalidad? ¿Con entusiasmo? ¿Con buena voluntad? ¿Con el voto popular como garantía de sabiduría jurídica?
ZALDÍVAR apuesta por el “experimento” y pide paciencia. Pero la justicia no es laboratorio, y los derechos no son tubos de ensayo. La experiencia no es un lujo, es un requisito mínimo para evitar que la Corte se convierta en un foro de ocurrencias, más que en un órgano de deliberación jurídica.
Como si el sistema no tuviera suficientes problemas, Banco Azteca ha promovido decenas de miles de juicios civiles contra deudores de microcréditos. Estos casos, tramitados como “medios preparatorios a juicio”, saturan aún más los tribunales civiles, que ya operan con personal insuficiente y sin digitalización efectiva. La justicia se convierte así en una fábrica de sentencias automatizadas, donde el acceso real al debido proceso queda en segundo plano frente a la presión financiera y la estadística institucional. ¿quién juzga al juzgador? La reforma judicial, lejos de resolver el rezago, lo ha institucionalizado. El Poder Judicial Federal no necesita más órganos, necesita más jueces, más presupuesto y menos simulación. La justicia no se elige en urnas, se construye con independencia, técnica y vocación.
Y mientras el ciudadano espera que su caso avance, el expediente duerme en el archivo, el juez se jubila, y el sistema se reforma para que todo cambie… sin que nada se resuelva.
BIENVENIDA LA TREMENDA CORTE DEL ACORDEÓN.
En su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum se puso solemne y lanzó la frase que pretendía marcar el inicio de una era: “Bienvenido el nuevo poder judicial, se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios”. Aplausos, porras, incienso y bastones de mando. Pero como suele pasar en este país de simulaciones, la realidad se encargó de desmentir el libreto presidencial.
Porque si algo nos enseñó la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es que el “nuevo” poder judicial viene con el mismo apellido, el mismo árbol genealógico y los mismos tentáculos que el viejo. Más del 50% de los ministros, magistrados y jueces recién nombrados tienen familiares en cargos públicos. Y no hablamos de primos lejanos o tíos jubilados: hablamos de hijos, hermanos, cónyuges y hasta exesposos bien acomodados en el presupuesto.
EL CASO BATRES: ¿FAMILIA JUDICIAL O FRANQUICIA?
La ministra Lenia Batres no llegó sola. Tiene a su hermano Martí en el ISSSTE, a su hermana diputada, a su hijo en el INECC, a su cuñada en el Fondo Social, a su exesposo en la Fiscalía, y hasta al tío embajador. Si esto fuera una empresa, se llamaría Batres & Asociados S.A. de C.V.
Y no es la única. El Tribunal de Disciplina Judicial, que debería ser el guardián de la ética judicial, parece más bien un club familiar. Bernardo Bátiz tiene a su hija, yerno y nieto en el sistema. Eva Verónica de Gyvés comparte la nómina con su esposo y sobrinos. Rufino León Tovar tiene a su hija en el Tribunal Administrativo. ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues sus parientes.
REFORMA JUDICIAL: ¿TRANSFORMACIÓN O MAQUILLAJE?
La reforma judicial de 2024 ordenó elegir solo al 50% de los jueces y magistrados en su primera etapa. La otra mitad sigue en funciones, como si nada. De los 1,711 cargos existentes, solo 881 fueron sometidos a elección popular. ¿Y eso es nuevo? ¿Cómo puede ser nuevo un sistema donde la mitad de los juzgadores son los mismos de antes?
Y para rematar, tres ministras repiten en la Suprema Corte: LENIA BATRES, LORETTA ORTIZ Y YASMÍN ESQUIVEL. Es decir, el “nuevo” tribunal tiene caras conocidas, con los mismos vínculos, las mismas lealtades y los mismos silencios.
AUSTERIDAD GOURMET: DEL BASTÓN DE MANDO AL CONFIT DE PATO
El nuevo presidente de la SCJN, HUGO AGUILAR, prometió que la austeridad sería el símbolo de su administración. Dijo que se acabarían los seguros de gastos médicos mayores, que revisarían las pensiones de los ministros en retiro, y que “no nos va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”.
Pero apenas terminó la jornada de toma de protesta, los nueve ministros se fueron a celebrar a Au Pied de Cochon, un restaurante francés de alta gama en Polanco. Cerca de la medianoche, llegaron en camionetas blindadas y fueron conducidos a un salón privado. El menú incluye platillos de hasta $4,000 pesos, como el “Royal” de mariscos, el confit de pato, el jamón ibérico de bellota y el filete mingón a la bordelesa.
¿BLINDAJE INSTITUCIONAL O LUJO FRANCISCANO?
Y hablando de austeridad, habría que preguntarse si llegar en Suburban’s blindadas de más de 1.6 millones de pesos es parte del “servicio al pueblo” o del catálogo de privilegios que supuestamente se iban a extinguir. Porque mientras el presidente de la Corte habla de eliminar excesos, los ministros se trasladan en convoyes de lujo, con escoltas, vidrios polarizados y placas reservadas. ¿Es protección institucional o lujo franciscano con doble tracción?
Así que sí, presidenta: bienvenido el nuevo poder judicial. Pero no se termina la era del nepotismo, sólo se institucionaliza. No se erradica la corrupción, sólo se redistribuye. Y los privilegios, como los apellidos, siguen heredándose. Y si hay que brindar por ello, que sea con vino francés, camioneta blindada y mariscos de importación.