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04 de agosto del 2025.- El Tribunal Supremo de Brasil ha decretado este lunes arresto domiciliario para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por incumplir las medidas cautelares impuestas ante el riesgo de una fuga y en el marco del juicio que se le adelanta por golpismo.
«Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro», ha anunciado el juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso, que también ha prohibido al expresidente recibir visitas, con excepciones para abogados y personas autorizadas por el tribunal, y el uso de un teléfono móvil, ya sea directamente o a través de terceros.
El magistrado ha alegado en su sentencia que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, las cuales le prohibían enviar mensajes en sus propias redes sociales o en las de terceros.
De Moraes ha citado mensajes del expresidente que fueron transmitidos el domingo en las redes de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con «incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño».
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la presunta trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
La Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
La defensa dice que Bolsonaro no incumplió restricciones
Por su parte, la defensa del expresidente ha afirmado que Bolsonario no incumplió las restricciones que le había impuesto la Corte Suprema ni cometió ningún crimen, por lo que afirma que no se justifica la decisión del magistrado.
De acuerdo con el equipo de abogados, el mensaje del expresidente que fue leído el domingo en las marchas «no puede ser considerado como un incumplimiento de la medida cautelar ni como un acto criminal».
Según la defensa, el líder ultraderechista se limitó a saludar. «Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos», fue, de acuerdo a sus defensores, el mensaje de Bolsonaro leído en las marchas.
Los abogados han alegado que, en su última decisión sobre las restricciones impuestas al líder ultraderechista, la Corte «no lo prohibió de conceder entrevistas o de pronunciar discursos en eventos públicos, y él siguió rigurosamente esa determinación».
La defensa ha agregado que presentará un recurso.
La familia Bolsonaro pide la destitución del juez
El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha pedido que el Senado inicie un proceso de destitución contra el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Flávio ha afirmado en entrevista con la filial brasileña de la CNN que la resolución «no tiene ni pies ni cabeza» y ha dicho que es una decisión «cobarde» e «inmoral».
«No tiene condiciones (de seguir siendo magistrado); está llevando a la Corte a un gran desgaste», ha añadido el político, quien ha asegurado que hay «decenas de senadores» dispuestos a apoyar el proceso y que hablará con el presidente del Senado sobre el asunto.
El diputado Eduardo Bolsonaro, otro hijo que está en EE.UU. desde hace varios meses para pedir sanciones contra De Moraes y que también está bajo investigación, ha escrito en redes sociales que se trata de un «abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición».
La familia Bolsonaro ya había pedido en otras ocasiones la destitución de De Moraes, el principal blanco de ataques de la ultraderecha, pero la medida no recabó un apoyo significativo en la Cámara alta.
El partido de Lula defiende la legalidad de la prisión domiciliaria
Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT), formación del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido la legalidad de la prisión preventiva domiciliaria decretada contra el expresidente.
«Si existe una orden del Supremo y esta es incumplida, es evidente que el Poder Judicial tiene la prerrogativa de aumentar la penalidad propuesta», ha escrito en redes sociales el líder del PT, Edinho Silva.
Asimismo, Silva ha dicho que los «defensores de la democracia» deben estar «al lado de la legalidad» para que el sistema democrático salga «más fuerte» del proceso que juzga a Bolsonaro y a otros altos cargos políticos y militares.
Bolsonaro se ha convertido en el cuarto exjefe de Estado de Brasil en ser apresado desde que el país recuperó la democracia en 1985, junto con Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor y Michel Temer, y el décimo en la historia del país.
Trump presiona a Brasil con sanciones
Mientras tanto, la Administración de Trump, en su cruzada para defender a Bolsonaro de lo que ha denominado como una «caza de brujas», impuso sanciones arancelarias y revocó el visado a ocho de los jueces del Supremo. Entre ellos al juez instructor Alexandre de Moraes, al que ha acusado de ser «responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra Bolsonaro».
En una segunda embestida, el Departamento del Tesoro encuadró a De Moraes en la ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, y que le permite congelar los bienes y propiedades que tengan en EE.UU., entre otras restricciones.
Pese a ello, De Moraes aseguró el viernes pasado que juzgarán a todos los responsables del intento de golpe de Estado, «ejerciendo nuestra función judicial y sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar».
