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11 de junio del 2025.- La Justicia estadounidense y la Fiscalía de Los Ángeles han anunciado este miércoles por separado múltiples arrestos y acusaciones contra sospechosos de participar en actos vandálicos durante las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad.
Según ha informado el Departamento de Seguridad Interna en X, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han detenido a «un alborotador violento que golpeó a un oficial de la CBP», identificado como Christian Damian Cerno-Camacho.
Además, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos federales contra al menos 14 personas por su presunta participación en actos vandálicos recientes en Los Ángeles. Las acusaciones incluyen agresiones a agentes, posesión de artefactos explosivos y conspiración para impedir arrestos.
En ese sentido, el fiscal federal Bill Essayli ha advertido en un comunicado que, «cuando las protestas se convierten en violencia, las sanciones serán severas».
Essayli ha destacado que poseer un cóctel molotov u otro dispositivo destructivo puede castigarse con hasta 10 años de prisión federal, y ha señalado que los ataques descritos en las denuncias podrían haber causado lesiones graves o mortales a agentes y transeúntes, aunque hasta ahora solo se han reportado heridas no letales a las autoridades.
Por otro lado, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha informado sobre cinco casos penales vinculados a las protestas en el centro de la ciudad y ha anticipado más acusaciones: «Para quienes ya han participado en esta actividad ilegal, vamos a por ellos».
La Guardia Nacional tiene autorización para detener a civiles
El mayor general Scott Sherman, comandante a cargo del operativo de seguridad en Los Ángeles, ha confirmado que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la ciudad tienen autorización para detener temporalmente a civiles durante las protestas contra las redadas migratorias.
En una rueda de prensa, Sherman ha aclarado que esta medida aplica únicamente para proteger a personal federal e instalaciones gubernamentales: «Estrictamente para la protección del personal federal y la protección del edificio federal, se les permite detener temporalmente y esperar a que las fuerzas del orden puedan venir y arrestarlos».
Sin embargo, ha recalcado que la Guardia Nacional no puede realizar arrestos. Unos 500 soldados han sido entrenados para acompañar a agentes del ICE en operativos migratorios. El martes, ICE publicó imágenes en X mostrando a efectivos de la Guardia brindando seguridad durante las redadas.
Sherman coordina el operativo, que incluye a 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines. Estos últimos están recibiendo entrenamiento especializado en la Estación Naval de Armas de Seal Beach, enfocado en técnicas de control de multitudes, fuera de sus funciones habituales. Aún no hay fecha definida para su despliegue en las calles.
La Coalición por los Derechos Humanos niega financiar los disturbios
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), organización con más de 35 años en Los Ángeles, ha respondido este miércoles a las acusaciones del senador republicano Josh Hawley, quien dijo que esta «financiaba los disturbios» durante las recientes protestas.
Hawley, presidente del Subcomité Senatorial de Crimen y Antiterrorismo, envió una carta a Angélica Salas, directora de Chirla, exigiendo que la organización «cese y desista de cualquier participación futura en la organización, financiación o promoción de estas actividades ilegales».
Salas, una de las figuras más destacadas en la defensa de migrantes en California, ha negado las imputaciones: «Rechazamos categóricamente cualquier acusación de que nuestra labor como organización, tanto recientemente como durante los últimos 39 años, viole la ley».
La activista mexicana ha defendido el trabajo de la organización, subrayando su compromiso con la no violencia: «No nos dejaremos intimidar por apoyar a las comunidades inmigrantes y documentar la forma inhumana en que nuestra comunidad está siendo atacada mediante redadas, arrestos y detenciones inconstitucionales e ilegales».
