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Columna Política «Diputado 501», Por Antonio TENORIO ADAME (02-VI-2025).- Votar es una obligación ciudadana y un imperativo ético en el marco del compromiso consigo mismo. Desafortunadamente, ahora se convirtió en el frente de batalla ideológica en la confrontación civil.
Lograr acuerdos entre mexicanos es una tarea difícil, algunos asumen elevados costos históricos.
La elección de jueces no fue la excepción, a pesar que los suministros monetarios no tuvieron apoyo privado y escaso financiamiento público. Los resultados no satisfacen a todos y abren nuevos y feroces enfrentamientos.
Las Minorías legitiman el consenso.
El saldo de la contienda electoral se acumula al “inventario de enfrentamientos de bandos contrarios”, con el choque entre “morenistas” y “conservadores”.
Pareciera repetirse el rechazo binario del siglo XIX; cuando en la actualidad las reformas constitucionales en los países avanzados, lejos de dirimirse con consultas complejas se resuelven con la sencillez de un “si” o un “no”; es decir por la vía del referéndum.
¿Acaso la cadena de experiencias del pasado se asimilan en los conflictos del presente?. ¿Esa hostilidad a la diferencia nos lleva a cubrirnos con el manto de la amnesia?.
En ese tenor se perciben que las pasiones políticas de la época de la insurgencia, desde hace más de dos siglos, prevalecen aún en el ánimo de los conflictos de mexicanos. Como se observa en el proceso de la elección judicial, donde aún se mantienen prendidas las brazas de rencores entre “chairos y fifis”, “liberales” y “conservadores”.
La elección judicial del 1o de junio de 2025, mantiene un cierto paralelismo de identidad similar a las pasiones, suscitadas en torno a las decisiones de gobierno del primer imperio mexicano: El de Agustín Iturbide de 1822.
Entonces, como ahora, existía una “unidad política híbrida”, entre los operadores del antiguo régimen, quienes ocupaban puestos relevantes del gobierno independentista. Así como en el presente, los ex militantes del PRIAN se ostentan como “renovadores”.
A pesar de este “mestizaje ficticio” persiste en el fondo de vastos sectores una confrontación abierta.
El rechazo entre los bandos opositores es irreconciliable, sin que surja por asomo un ápice de conciliación que simplifique las vías de consenso.
Los acuerdos políticos no son de fácil acceso, pero tampoco imposible, el rechazo a la propuesta divergente es taxativa, abierta, total, definitiva. No hay mediación ni mesura.
Las divisiones del país ha sido una escala creciente que se repite en cada etapa de sus conflictos, donde la nación parece volver a nacer desde su origen.
La elección del emperador Iturbide ha sido objeto de diversas y encontradas a sus opiniones; independientemente de que el tratado de Córdoba haya sido o no diseñado por Iturbide, había dejado una laguna, así fue posible la elección de un soberano por la legislatura mexicana.
Esta no fue ni libre, ni técnicamente legal. Debido a los gritos amenazantes de la porra y de victoria, a su héroe, pero, sobre todo a la presencia de sus soldados en el recinto del Congreso, los legisladores que llevaron al trono Imperial fueron sujetos de coacción. Ya Simón Bolívar describió al monarca mexicano como «emperador, por la gracia de Dios y de las bayonetas”.(W,S, Robertson 2012).
La Mayorías brindan confianza al gobierno .
El primer Imperio de Iturbide, fiel reflejó de la monarquía europea, no tuvo buenos resultados para mantener el control de gobierno que comenzó a desarticularse territorialmente al desprenderse las capitanías centroamericanas.
De igual manera, los cambios operados en formas de gobierno se reprodujeron en los cambios de forma Estado, cuando se suprimió el federalismo y entró en vigencia la Constitución centralista. Entonces se dio el pretexto a los esclavistas residentes en Texas para promover su independencia, como los separatistas de Yucatán hicieran su declaración de soberanía.
No fue sino hasta 1848 cuando el diputado de Jalisco, Mariano Otero, ejerciendo el voto de minorías, proclamo “la unidad nacional”, aplicada en lo fundamental.
Fueron momentos cruciales determinados por la guerra de Estados Unidos en la que sufrimos el despojo de la mitad de nuestro territorio.
La guerra de Reforma se manifestó como guerra civil provocada por la injerencia corporativa del clero contra el Estado, donde su triunfo derivó su orden laico.
La invasión de Napoleón III propició el triunfo y derivó en el restablecimiento de la República y la reafirmación de la integridad territorial.
El gobierno de Porfirio Díaz se asentó en federalismo nominal donde las entidades se gobernaban con un “Jefe político”, de igual modo el territorio quedó segregado con la privatización de espacios comunitarios sujetos al despojo a favor de particulares.
El acierto de la Constitución de 1917 fue reconstruir la propiedad social de comunidades y ejidos, para lo cual declaró los bienes de nación al suelo, el agua y demás recursos de lo cual declaraba (artículo 27) a la nación como dueña originaria. La nación recuperó el territorio al dominio de su suelo.
Los cambios a las formas de gobierno de Estado o de gobierno se tradujeron en costos históricos de sistema encontrado su cauce en la estructura de poder del presidencialismo con división de poderes en el constitucionalismo social mexicano.
Ese Poder Ejecutivo fue revestido de elevados poderes para resistir las presiones de Estados Unidos.
El periodo post revolucionario enfrentó la disputa del poder dentro del militarismo de su generación.
Llevarlo a la vía civil significó la creación de un partido de Estado con el cual se propició facultades extra constitucionales, tales como como jefe del partido de Estado y nombrar a su sucesor.
Fue así como se llegó a un presidencialismo autoritario, burocrático y unipersonal.
La guerra fría dirigida por EEUU tuvo su repercusión en el ámbito académico universitario y su holocausto en la tarde de Tlatelolco.
Un lustro después se reformó el Estado a través del “pluralismo de partido” en el Congreso de la Unión. A lo que siguieron media docena de reformas electorales hasta llegar a la transición del poder a la oposición en el año 2000, cuando el PAN accedió a la Presidencia de la República.
El presidente Vicente Fox no mantuvo la hegemonía de poder de los estados, por lo que el control de drogas bajo decisión presidencial se perdió, dando origen a la formación de cárteles en lo estados, que pronto iniciaron una guerra por el dominio territorial.
De tal suerte quen lo que se ganó en transparencia, legalidad y certeza de votos se perdió al caer en la violencia, extorsión, secuestro y muerte por las bandas criminales.
La reforma del Poder Judicial en lo general es de amplia aceptación. Su rechazo es de diverso orden, por forma, tiempos, prioridades, un largo etc. Su aceptación general se deriva a su enfoque en la seguridad, como un medio no violento para el control de crimen.
No obstante, por sí sola sus logros no serán significativos; en principio, es un recurso para contener o frenar las consecuencias pero no las causas; bastaría con analizar las asignaciones presupuestales para advertir su nivel de marginalidad.
La reforma judicial , como la energética, o la supresión de organismos autónomos son reformas que aspiran romper la dependencia del neoliberalismo cuyo retroceso significó agotar el constitucionalismo social mexicano sustentado principalmente en el artículo 27; 3o; 123 y 130, entre otros.
Deconstruir el neoliberalismo establecido principalmente por Salinas de Gortari llevaría a exhibir una película al revés, para cambiar la constitución a su sentido originario, pero ante la impotencia o inexperiencia de López Obrador quien solo alcanzó a descargar su transformación en la reforma jurídica.
Publíquese para su vigencia Constitucional.
Las reformas regresivas del neoliberalismo realizó los cambios constitucionales y legales con dependencia sujeta al ordenamiento del exterior por medio de los tratados internacionales, en especial el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en el cual al infringirlo intervienen los paneles internacionales de dictamen; en caso de salir convencionalmente será a semejanza del Brexit con las consecuencias de pagos y multas.
La reforma judicial, como otras más necesarias, requiere de una transformación de clara transparencia, ofreciendo aplicar responsabilidades que otorgue seguridad y protección a los indicios lejos de dividirlos, tal sería la aplicación del referéndum; un sí o un no, suficiente sin agotar luces y sombras.
El dilema histórico es definir la geoestrategia para dar paso a romper y superar el neoliberalismo marcado por el TEMEC con desigualdades asimétricas que conduce a la asimilación, luego pasar a diseñar modelos de integración territorial continental con perspectivas múltiples vinculados tanto al norte, como al Caribe, Mesoamérica y América del Sur.
