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*PUDO MÁS LA IMPUNIDAD QUE LA JUSTICIA
Columna Política «El Francotirador», Por José Cruz Delgado (07-V-2025).- Hace unos días, el gobierno del estado de Michoacán autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, pero de manera perversa y canallezca se
sacó la puntada de que había sido a solicitud del líder de la Comisión Coordinadora del Transporte, José Trinidad Martinez Pasalagua, todo con el fin de desprestigiarlo al igual que a su agrupación
De inmediato, el líder social emitió un comunicado para desmentir dicha aseveración asegurando que en ningún momento había solicitado dicho incremento ni presentado propuesta alguna para que se elevara a 14 pesos, como se mencionó erróneamente.
Dijo que el Gobierno del Estado utilizó su nombre para justificar un ajuste tarifario que responde más a intereses políticos y compromisos con sus transportistas aliados, que a un verdadero análisis técnico y social de la situación del sector.
Aunque reconoció que cualquier incremento, aunque sea mínimo, puede significar un alivio temporal para muchos de sus compañeros transportistas que han venido enfrentando aumentos en insumos, refacciones y combustible. Sin embargo, señaló en su momento que no permitiría que se le utilice como excusa para decisiones que claramente responden a intereses ajenos al bienestar colectivo.
Pasalagua insistió en que su compromiso ha sido y seguirá siendo con los transportistas, pero también con la ciudadanía.
El perverso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla era más que claro, autorizó el aumento a la tarifa y culpar a Pasalagua de haber presionado para que los usuarios denle echaran encima pero la treta no le resultó, más bien culparon a Ramírez Bedolla de atentar contra la economía familiar.
PUDO MÁS LA IMPUNIDAD QUE LA JUSTICIA…… Quedó comprobado que el Fiscal Adrián López Solís responde más a los intereses personales y políticos que a la aplicación de la justicia, pues el junior que chocó el vehículo que conducía contra una camioneta, dejando dos hombres muertos y un lesionado de gravedad en Morelia, fue puesto en libertad, quizás por ser hijo de Brenda Alipio Mendoza, secretaria de Finanzas del Comité Estatal del Partido Verde y de Cristóbal Estrada, delegado administrativo de la SCOP.
Se sabe que fue Cristóbal fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños, pero enfrentará su proceso en libertad y ello ha provocado la indignación de los familiares de los deudos, pues claramente se vio que la impunidad lo favoreció por el simple hecho de ser hijo de un funcionario estatal y de una funcionaría partidista aliada a Morena.
Desde la comodidad de su hogar, el responsable del doble homicidio deberá cumplir con una serie de medidas cautelares: presentarse ante la autoridad judicial cada 15 días, entregar un bien inmueble como garantía, no salir del país, someterse a tratamiento por adicciones y abstenerse de conducir vehículos motorizados. Se ha fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
El caso ha generado indignación en redes sociales y sectores de la opinión pública, que cuestionan el acceso desigual a la justicia y temen que el acusado, presuntamente perteneciente a una familia influyente, evite las consecuencias legales que conlleva la pérdida de vidas humanas
