CDMX, 04 de mayo del 2025.- Los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, solicitaron al INE cancelar la candidatura de 26 aspirantes al Poder Judicial debido a que no cumplen con el requisito de gozar de buena reputación, ya que cuentan con señalamientos de abuso sexual, lesiones y demás delitos e incluso hay quienes fueron abogados de algún integrante del crimen organiazado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), así como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), informaron que solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas; 18 por no cumplir con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 más por no cumplir con el promedio general de calificación.
De acuerdo con los legisladores, en el caso de las 18 personas que no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, se les halló que están vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Y es que, al solicitar información a las autoridades federales, se dieron cuenta que algunos de estos candidatos tienen incluso carpetas de investigación y órdenes de aprehensión.
Además, documentaron que algunos de ellos trabajaron como abogados de integrantes del crimen organizado, “lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés”.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
Cabe señalar que esta solicitud se da luego de que el Senado decidiera retirar la impugnación que había interpuesto ante el Tribunal Electoral en contra de la determinación del INE para aplicar la 8 de 8 contra la violencia en la elección judicial y con la cual se abre pasó para que las candidaturas sean investigadas.
Según la Cámara alta, dicho acuerdo no podía ser válido debido a que el proceso de revisión ya fue realizado por los Comités de Evaluación, por lo que consideró que ya culminaron las etapas de valoración de idoneidad de los aspirantes.
No obstante, ante las advertencias de organizaciones sociales sobre la participación en esta elección judicial de candidatos relacionadas con el crimen organizado, sancionadas por abuso sexual y que están involucrados con una secta político-religiosa; fue que el Congreso decidió hacer una nueva revisión en la cual indetifió estos 26 perfiles que no son idóneos para integrar el Poder Judicial.
Con información de El Economista