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Columna Política «Diputado 501», Por Antonio TENORIO ADAME (28-IV-2025).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recién asumida la Presidencia de la República, expresó con firmeza, el 8 de octubre de 2024, que: “no va a regresar la guerra contra el narco”.
Luego, en ocasión de la conmemoración de la Constitución, el 7 de febrero de este año, reflexionó ante la vorágine de Trump en liquidar a narco terroristas, para resaltar la prevención y la atención a las causas de este conflicto; a su vez, puso énfasis en la responsabilidad de los vecinos del norte en cuanto al comercio de drogas y armas que se realiza en su propio territorio, donde cabe el refrán aleccionador “no ven la viga que llevan en sus ojos”.
En el debate es una confrontación entre iguales; minorías similares a la mayoría.
El conflicto armado que vive el país es un problema de solución prioritaria, porque converge en la soberanía y se refleja en la seguridad del Estado y la población.
En parte concierne a un problema fronterizo compartido, pero también abarca a una tercera parte del territorio nacional, donde las bandas armadas ejercen la extorsión sobre la población de sus comunidades. ¿México cautivo?, ¿democracia postergada?
La declaración presidencial para evitar el retorno de la guerra de las drogas es racional y conveniente para graduar el uso de la violencia legítima del Estado, para fines de pacificación y no de exterminio abierto.
Bien sabido es que el fuego no se combate con fuego, como tampoco la inconformidad social, desplegada por la desigualdad de las armas o de la pobreza. Sin embargo, a pesar de la prioridad de la atención al problema de la violencia nacional es significativo que no se preste atención. Para revisar las opciones políticas que son la vía por la que transitan un conflicto interno de la magnitud que hoy vive el país.
En ese sentido, es conveniente lanzar el imaginario de reformas políticas que están al alcance, y es necesario aplicar, valorar sus resultados y aprender de sus experiencias. Los estudios municipales son marginales, entre las experiencias duraderas destaca la iniciada en el Gobierno de Michoacán de Lázaro Cárdenas Batel 2001 a 2007, en cuya dirección estuvo un cargo con talento singular, Mario Enzástiga, hasta 2011.
En el presente, las elecciones del poder judicial se encuentran en medio de múltiples obstáculos e impugnaciones críticas que llevan a prever una reducción de beneficios.
Problemas como la realización del registro que debía de llevarse a cabo por el INE, sin que así ocurriera, o no lograr que se otorgaran 13 mil millones de presupuesto, sino solo 6 mil millones.
A estas elecciones de por sí complejas, porque se eligen cuerpos orgánicos de responsabilidades, se añaden ataques políticos como el sembrar la semilla del autoritarismo.
El argumento central a su favor se funda en su transparencia de ejercicio de justicia imparcial, oportuna para evitar la compra de sentencias a favor del crimen organizado, como bien señala Enrique Bautista.
Elegir jueces lleva discutir sus pros y sus contras, de donde hay que destacar su aportación inédita como instrumento de conciliación de futuro en torno al problema central que aqueja a los mexicanos sin distinción de militancias partidistas, que es la violencia o inseguridad generalizada, derivada del crimen organizado, desde el narcotráfico hasta la extorsionista.
Estas elecciones se realizan sin partidos. por lo que no eroga gastos de campaña y va directo al elector; en consecuencia, sería muy conveniente para elegir a presidentes municipales y alcaldes, por lo que evitaría la intromisión de intereses extraños y fortalecer la representación directa en los municipios.
Las siete reformas electorales que se han experimentado desde 1977, con abrir paso al pluralismo de partidos a la fundación en 2014, no atendieron los requerimientos de fortalecer la democracia de los municipios; por lo contrario, han puesto los municipios a merced de intereses de los partidos como otorgarles espacios en los cabildos.
El dominio de las bandas criminales sobre el control de los ayuntamientos consiste en el financiamiento que otorgan a las campañas electorales respectivas, ya sea con un candidato propuesto por un partido o un candidato propuesto por la delincuencia, así como otra modalidad, consiste en exigirle al presidente que resulte electo dos puestos dentro del Ayuntamiento; una es la dirección obras, y la otra es el mando de la policía municipal. Cuando el presidente no adquiere ninguna de estas condiciones impuestas, lo sientan a negociar los intereses delictivos; en fin, el Ayuntamiento se encuentra en una situación sin salida.
La fracción oficial tiene mayoría pero no siempre respalda la razón.
Se carece de una estadística que revele el número de ayuntamientos bajo el acoso o el control de las bandas armadas, es posible deducir algunos indicadores, comenzando por la conocida cifra del comando norte del ejército, que revela que 1/3 del territorio mexicano está bajo control criminal. Por otra parte, es posible tomar en consideración cifras que dan cuenta del grado de control que escapa a la gobernabilidad; aquí alguna de ellas: en las campañas electorales, los candidatos más expuestos a su ejecución, son de nivel municipal, de tal manera que:
A. En el 2024, fueron asesinadas alrededor de siete decenas de candidatos a alguna presidencia municipal;
B. Milenio, 15 de agosto de 2023, informó que el crimen organizado opera en seis de cada 10 municipios, así como en 102 alcaldías existe presencia entre 15 y 5 células delictivas;
C. Ecosur de Chiapas, del 2 de octubre de 2024, refiere la violencia de 23 municipios;
D. El Universal localiza un mapa al crimen organizado, y considera que un promedio del 60% de los municipios de los estados de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, sufre de agobio de bandas delictivas, revela que en México existen más de 80 grupos del crimen organizado y alrededor de 16 bandas criminales, así como destaca también que el CJNG es notable su expansión en los últimos años;
E. En la. página editorial de El Universal, de 24 de abril de 2025, se afirma que 95 municipios, ya no existe policía local; en fin, este es una radiografía parcial de agonía que se sufre en las comunidades mexicanas.
El problema no solo se extiende en el espacio territorial nacional en el tiempo porvenir; parte de los jóvenes aspirantes a forjar un futuro son desviados por la ambición o por la fuerza a tareas dentro de las bandas criminales; éste es un cuadro relativo a la captura de jóvenes que pierden su derecho a la vida:
¿Cuál es el futuro que les aguarda?, se sabe bien cómo comienza una guerra, pero nadie sabe cómo termina, p.ej. la guerra de exterminio contra los apaches culminada a fines del siglo XIX se tradujo en la preparación de las fuerzas armadas del norte en la revolución mexicana, por eso se pregunta ahora adónde vamos.
El reclutamiento del narco es ascendente a pesar de sus siniestros resultados.
Las opciones para la juventud en el neoliberalismo que asfixia son altamente deficitarias del millón de empleos anuales que se deben crear; solo se apertura 500 mil, sin garantía de ser plaza bien remuneradas y permanentes. La migración y el narcotráfico son salidas de exclusión al desempleo.
Se estima que en 2012, había 115.000 personas que formaban parte del crimen organizado. A 2022, ese número aumentó a 175.000, lo que refleja un incremento de 60.000 personas; se estima que entre 2000 y 2022, fueron empleados por el crimen organizado 285.000 personas. (Catalina Pérez, Correa, Universal, 26 de septiembre de 2023).
El crimen organizado es el quinto empleador del país y en ciertos lugares es el único ofertante de trabajo.
Ante el ejercicio de violencia, imperante en los municipios, se requiere fortalecer la participación ciudadana de sus comunidades de lo que sería la descentralización del poder político y la desconcentración territorial del desarrollo; de tal modo, se requiere una distribución democrática, concertar con equidad las funciones, así como los recursos suficientes para cumplirlas.
Los recursos del presupuesto a los municipios en su conjunto no superan el 5% de la recaudación nacional. En el pasado se ha propuesto como meta de largo plazo, una participación del 20% del total nacional, destinada a los gobiernos municipales; esa meta debe alcanzar a cumplirse en el corto plazo.
Para su promulgación Constitucional.
Urge promover la democratización municipal, en términos de llevar a cabo una práctica de la consulta pública, plebiscito y referendo, incluida en las leyes orgánicas municipales, donde aún no se contengan.
El modelo de elección judicial, hoy puesto a prueba, es una rendija donde se alumbra un nuevo diseño de democracia. ¿Se entenderá?
