Organos autónomos electorales en Michoacán bajo amenaza de la 4 T, o se alinean o cuello

*ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES EN MICHOACÁN BAJO LA AMENAZA DE LA 4 T, O SE ALINEAN O CUELLO.
*ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN LA PALESTRA DE CONTROL PLENO.
*PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN ASUMIR LA DEFENSA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE MICHOACÁN.
*NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADA IMPUGNADO.

Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (15-XI-19).- Durante las últimas semanas, los órganos autónomos no sólo han enfrentado las críticas del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR desde Palacio Nacional, también han sido cuestionados por legisladores sobre el uso de sus recursos y por su legitimidad ante los ciudadanos, incluso, se ha intentado modificar su composición actual.

Uno de esos intentos se registró el martes 5 de noviembre, cuando el diputado federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, de la bancada de Morena, presentó una iniciativa para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral sea rotatoria, de probarse su propuesta, acortando el periodo a tres años, sería la misma Cámara la que elija a un nuevo consejero presidente.

En el congreso del Estado, se intentó mediante iniciativa del Diputado BALTAZAR GAONA, que parece era más interés del JR. ORIHUELA, reducir el número de magistrados electorales de 5 a 3, estrategia que era clara mantener un control este grupo político sobre el propio tribunal electoral, donde el compadre de CHON ORIHUELA, JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS, se le ve muy activo en su característico traje camaleónico, con diputados morenistas y el propio senador CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, así como de su padrino político LEONEL GODOY.

Del resto de los magistrados, una relación directa con ese grupo político no se observa, pues parece más bien que por los antecedentes tanto de la tambaleante en la presidencia del Tribunal Electoral de la Magistrada YOLANDA CAMACHO, obedece su nombramiento a un acuerdo entre PAN y PRI, lo mismo que el Magistrado SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, donde incluso ambos magistrados contaron con el aval de la entonces senadora LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA y del propio RAÚL MORÓN, de este último el magistrado PÉREZ mantuvo cercanía con la ahora comisionada de seguridad en la capital moreliana la Mtra. JULISSA SUAREZ BUCIO, así como de la senadora ROCIÓ PINEDA GOCHI, y por tanto el entonces senador ASCENSIÓN ORIHUELA, a través de su Jr. a quien se le vio más interesado que el propio GAONA en las reuniones de las mesas técnica, pretender reducir el número de los magistrados, con fines que el tiempo mismo habrá de demostrar, si en realidad se buscaba por ese grupo de Chones controlar el tribunal, o bien ahora, con la nueva integración que se tiene con las magistradas impugnadas ALMA BAHENA y YURISHA ANDRADE mantienen su bloque muy claro y cantado, junto con el magistrado OLIVOS CAMPOS para sobrevivir políticamente, y preparar el camino para la gubernatura de MORENA, es claro que los vientos que soplan de MORENA con un visible senador CRISTÓBAL ARIAS es tener control pleno del tribunal, de ahí que las fuerzas políticas, partidos políticos y sociedad en general deben tener mucho cuidado en este órgano jurisdiccional que debe garantizar los actos previos al proceso electoral del próximo año.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN LA PALESTRA DE CONTROL PLENO.

No obstante, los ataques y la elección de personas a modo y afines a personajes potenciales a candidatos para el proceso electoral 2017-2018 muestran lo contrario, consideraron algunos expertos.

CÉSAR ASTUDILLO, académico de la UNAM, señala que ha sido clara la intención del presidente de cooptar los órganos autónomos, que por definición son entes de control y contrapeso al poder.

“Lo que estamos viendo es que hay una intención de cooptación política (…) La línea que hasta ahora se ha seguido es tratar de imponer en ciertas instituciones a personas cercanas”, dice.

Si la línea presidencial es cooptar con gente afín en los nombramientos que generen confianza en quienes les nombren, es claro lo dicho por RODOLFO DE LA TORRE, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señala que el presidente ha privilegiado el tener personas de confianza en los órganos autónomos.

“Es una constante, personas que él considera van a tener un comportamiento honesto, en ese sentido la confianza, pero por otro lado la capacidad para atender los asuntos de cada órgano es muy diferente”, refiere.

Pero en opinión de SAN MARTÍN, la función de los órganos autónomos, no es estar a expensas del funcionamiento de los distintos gobiernos en turno.

“La realidad del gobierno en turno no es la realidad que tiene que ajustar el funcionamiento de los organismos públicos autónomos, precisamente para separar el quehacer de determinadas funciones (…) y realizar una función del Estado Mexicano al margen de los poderes, eso no implica estar al margen de la realidad nacional o las exigencias sociales, pero si al margen de los poderes públicos y fácticos del país”, señala en entrevista con Forbes México.

Aunque no desestima el contenido de la iniciativa, SAN MARTÍN subraya que no se trata de una propuesta del grupo parlamentario de Morena, sino como parte de una de las tantas iniciativas que se han presentado en esta legislatura.

PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN ASUMIR LA DEFENSA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE MICHOACÁN.

Los órganos autónomos constituyen una respuesta posgubernamental ante el escepticismo ciudadano acerca del compromiso (y la capacidad real) de los gobernantes, para atender y administrar de manera efectiva los asuntos públicos. Justamente para ello se establecen estas autoridades, por fuera de la “democracia partidizada” y ajena a sus juegos e intereses; para dar respuestas de política pública de largo alcance a problemas sociales reiterados, cuya resolución supone muchas veces decisiones electoralmente costosas, por lo que los partidos rehúyen de ellas (Aguilar, 2015: 258).

Debido a la complejidad de las funciones que desarrollan, se espera que sus funcionarios tengan un conocimiento experto, al tiempo que cuentan con una reputación profesional y una trayectoria destacadas. De tal forma, podrán distinguirse de otros funcionarios que ocupan cargos por sus filiaciones partidistas o sus vinculaciones con los poderes organizados.

El resultado de esta composición es que los órganos constitucionales autónomos son instituciones no mayoritarias, establecidas con el objeto de que la democracia mayoritaria funcione con mayor eficiencia y goce de confianza social (Aguilar, 2015: 258; Majone, 2000: 288 y ss.).

Para cumplir con este objetivo, una propuesta cada vez más difundida, es que los órganos autónomos deben avanzar en la implementación de los principios del gobierno abierto. Por ejemplo, el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde mayo de 2015, señala que:
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Cabe aclarar que, entre los sujetos obligados de la ley, según lo establecido en el artículo 23 de la misma, se encuentran los órganos autónomos. En términos de la OECD (2005: 1):

Desde el punto de vista del público, un gobierno abierto es aquel en el que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) y los ciudadanos pueden «saber cosas» -obtener información relevante y comprensible; «conseguir cosas» -obtener servicios y realizar transacciones con el gobierno; y «crear cosas» -participar en los procesos de toma de decisiones.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, LORENZO CÓRDOVA, pidió asumir la defensa de la autonomía del sistema electoral para garantizar elecciones libres y democráticas, y advirtió que, después de la reforma del 2014, “se han visto situaciones anormales que ponen en riesgo la autonomía de los órganos electorales”.

Ante esto acontecimientos, la pregunta obligada es ¿qué están haciendo los partidos políticos? En la defensa de los órganos autónomos, en específico del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que esto debe ser replicado en todo el país, no pueden dejar que una fuerza política, porque como partido moreno esta resquebrajado, es una oligarquía finalmente quien busca desde el poder político dominar con un sesgo de venganza ante un pasado reciente.

Los partidos políticos que durante 30 años dieron forma a los órganos autónomos que tenemos hoy en día no pueden tirarse por la borda, porque ejemplos los tenemos en Bolivia, Venezuela, Brasil y ahora chile. La existencia de los órganos autónomos es una buena noticia no sólo para los particulares sino también para los partidos.

Garantizan una suerte de blindaje político mediante cierto distanciamiento o grado de autonomía respecto del gobierno central, asegurando que la toma de decisiones se lleve a cabo mediante criterios estrictamente técnicos. Brindan un piso parejo y neutral a los actores políticos, sin considerar de qué partido detente el poder, la Constitución asegura que ciertas decisiones se tomarán por criterios técnicos y no partidarios.

Esto no debe representar una amenaza para los poderes constituidos de orden democrático, sino por el contrario, deben generar certidumbre, tranquilidad y estabilidad porque la actividad de los órganos autónomos surge de una legitimación de orden diverso: la técnica y especializada.
No es menor este ejercicio de auto restricción, pues es en realidad un reconocimiento a la permanencia.

Si las decisiones técnicas se toman por órganos políticos, serán modificadas sexenalmente y nunca se logrará su continuidad y estabilidad, aunado a que podrían ser utilizadas como herramientas de venganza política, en perjuicio tanto de la sociedad como de los propios agentes políticos.

NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADA IMPUGNADO.

Es claro que el Tribunal Electoral está dando nota ante las nuevas inquilinas YURISHA ANDRADE y ALMA BAHENA, en quienes pesa señalamientos, a la primera desde el instituto Electoral y documentado tanto en medios periodísticos y oficiales, como la segunda que es un perfil meramente político, que se cobija bajo el abrigo de la academia, pero su historial perredista e independiente, da cuenta de que la dos veces regidora no cumplía con los requisitos constitucionales, de ahí que haya sido impugnada la designación que hizo el senado, y que está unos días que se resuelva, que a como se ven las cosas, puede darse una sorpresa en sala superior para echarla abajo y dejar un precedente después de lo acontecido en el senado con la designación para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ojala que los magistrados federales se vistan de luces y arreglen la plana al senado.

Así, se torna necesario fomentar en el debate público un reconocimiento de que, si bien en el Estado existen determinadas decisiones que deben ser políticas, también hay otras que deben estar fuera de ese ámbito.
El gran error de discurso es la confusión entre la legitimación política y la técnica, así como la errónea premisa de que la única legitimación válida de las decisiones públicas es la democrática, pues surge de una lectura parcial de nuestro texto constitucional. Y, finalmente, de la visión miope de que quienes detentan hoy el poder, lo harán también mañana