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19 de mayo del 2019.- Un comité de la ONU ha presentado un informe en el que considera “muy preocupante” los numerosos casos de tortura que siguen ocurriendo en el país, muchos de ellos cometidos por las fuerzas de seguridad. Además, señalan las “graves deficiencias” en las investigaciones y la “persistencia de altos niveles de impunidad”.
El Comité de la ONU contra la Tortura considera “muy preocupante” la situación en México por la alta incidencia que sigue teniendo esta práctica en el país.
Aunque toma nota de que la tortura no es una política de Estado, asegura que informes internacionales y nacionales documentan “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”. También preocupa que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales.
Por ello, demandan al Gobierno «pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura».
El Comité ha publicado las recomendaciones finales tras la evaluación que los pasados 25 y 26 de abril realizó de México. El documento da un año para que haya una primera respuesta y evaluación a esas recomendaciones.
Falta de información
En el informe, el comité “lamenta” no haber recibido del Estado información completa sobre el número de denuncias por actos de torturas y malos tratos registradas durante el periodo en examen.
Según los escasos datos presentados por la delegación, en 2013 hubo 870 quejas de presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 fueron respectivamente 466 y 40. La delegación mexicana defendió que los programas de capacitación para miembros de los cuerpos de seguridad del Estado habrían contribuido a reducir el número de denuncias, pero el Comité “tiene serias reservas al respecto”, más aún, cuando el Estado “no ha presentado dato alguno relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada”.
Según los escasos datos oficiales disponibles, entre 2013 y 2018 se produjeron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, y 2531 en cárceles de las entidades federativas. El Comité lamenta que México “no haya presentado información estadística completa respecto de todo el periodo que se examina”.
Persiste la impunidad
El informe señala “las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos”, y la “persistencia de altos niveles de impunidad”.
De acuerdo con los datos proporcionados por los representantes del Gobierno mexicano, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura. Sin embargo, el Comité no ha recibido información completa sobre el número de casos en los que se ejercitó la acción penal, de los procesos judiciales y de los procedimientos disciplinarios abiertos.
El Comité insta al Estado mexicano a:
- Garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente;
- Velar por que las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que haya motivos razonables;
- Velar por que los presuntos autores sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación;
- Facilitar el acceso de las víctimas a la justicia;
- Garantizar que los presuntos autores y sus superiores responsables de ordenar o tolerar las torturas sean enjuiciados debidamente y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.
Desaparecidos
El Comité toma nota de que el Gobierno está trabajando en la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, pero “lamenta” que no hayan respondido a las denuncias de “falta de diligencia en la investigación”. Tampoco ha recibido estadísticas actualizadas de los casos de desapariciones pendientes de resolución y de restos humanos aún sin identificar.
Aspectos positivos
El comité celebra que México haya adoptado algunas medidas legislativas como la Ley General contra la Tortura, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada o haya reformado la Constitución para reconocer el derecho a buscar y recibir asilo.
También valoran que México haya permitido la visita de expertos independientes al país.
Violencia de género
ONU Mujeres/Dzilam MendezUuna instalación artística para resaltar la violencia contra la mujer en Ciudad de México.
Entre de 2015 y febrero de 2019 se registraron 2745 feminicidios, según datos facilitados por la delegación mexicana. Al Comité le preocupa “el reducido número de sentencias” dictadas por violencia familiar y feminicidio: 709 entre 2011 y 2017, de las que 573 fueron condenatorias y 136 absolutorias.
Por ello, pide “investigar exhaustivamente” estos casos, que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser condenados, sancionados debidamente, y que las víctimas obtengan reparación, incluida una indemnización adecuada.
Crimen organizado
México explicó que, por el momento, no es posible relevar al Ejército de su labor actual en materia de seguridad contra el crimen organizado.
El Comité “expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos”. Además, aseguran que, aunque se ha creado recientemente la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil que sustituirá a la Policía Federal, se ha nombrado a un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución.
Migrantes y refugiados
OIM / Rafael RodríguezLa caravana de migrantes llegó a la localidad de Matías Romero en Oaxaca el 1 de noviembre de 2018. Según el ministerio de Relaciones Exteriores de México, unas 4000 personas pasaron la noche allí
El Comité observa con preocupación que el Estado “sigue recurriendo a la detención automática u obligatoria de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo” y las condiciones de “hacinamiento” y carencias de higiene y alimentación que presentan las estaciones migratorias.
El Comité pide al país que “revise su legislación con miras a derogar las disposiciones de la Ley de Migración que exigen el internamiento obligatorio u automático” y lo utilice solamente como último recurso y por el periodo más breve posible”.
La delegación mexicana informó de que las solicitudes de asilo han pasado de 912 (referidas a 1296 personas) en 2013 a 29.644 (59.916 personas) en 2018. De acuerdo con estos datos, en 2018 el Estado reconoció el estatuto de refugiado a 1327 personas y otras 654 recibieron protección complementaria.
El número de personas devueltas desde 2013 alcanza las 715.827 entre deportadas y retornadas.
En cuanto a los migrantes no mexicanos que Estados Unidos devuelve a México, el Comité dijo que se debe garantizar “que no serán devueltas o extraditadas a sus países de origen cuando existan razones fundadas para creer que correrían el riesgo personal y previsible de ser sometidas a tortura”.
