Morelia, Mich., 03 de diciembre de 2018.- El Gobernador Constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este lunes que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la figura de los delegados de programas para el desarrollo impuestos en los estados, también llamados “superdelegados».

«Se trata de una figura que violenta de manera grave la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al invadir competencias de los gobiernos estatales democráticamente electos y establecidos», argumentó.

En mensaje a medios de comunicación, afirmó que no se trata de un tema menor, «sino de un tema que hoy pone a prueba a las instituciones ante una ruta y actos que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federada».

En ese sentido, Aureoles Conejo dijo que tomó la decisión de no participar en reuniones para revisar la estrategia de seguridad, con figuras que además no están acreditadas ni reconocidas legalmente para ejercer este tipo de funciones.

Esto, en referencia a la convocatoria que supuestos coordinadores regionales han estado realizando a mandos federales y estatales, sin una presentación oficial y sin acreditar exámenes de control y confianza.

«Quienes realizan tareas para garantizar la seguridad pública tienen la responsabilidad institucional de acreditar exámenes de control de confianza, eso garantiza que la sensible responsabilidad de la seguridad esté en las manos correctas», aseveró.

Y agregó que “nosotros no vamos a desentender ni un instante los temas de seguridad, estamos en coordinación estrecha con las instancias competentes; con los municipios que signaron el convenio Estado- Municipio y todo lo que nos mandata la ley”.

El titular del Ejecutivo Estatal afirmó que esta decisión no modificará ni alterará el trabajo coordinado que se viene realizando con mandos de fuerzas federales, ni la colaboración con las autoridades civiles de todos los niveles, al ser la seguridad un tema de suma importancia para su gobierno.

Aureoles Conejo enfatizó que la acción a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para hacer respetar la autonomía y soberanía del Estado, como parte de una Federación y de las entidades que conforman la República.

Finalmente, sostuvo que de ninguna manera busca lastimar la relación con los demás órdenes de gobierno ni los Poderes establecidos.

«No habrá de mi parte una postura retadora o de abandono de mis responsabilidades; al contrario, todo lo que sea necesario para coordinarnos por el bien del Estado, pero no a cambio de una sumisión, avasallamiento o invasión de competencias”, señaló.

En este mensaje el Gobernador estuvo acompañado de los secretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza; del procurador General de Justicia, José Martín Godoy Castro; del consejero Jurídico del Ejecutivo estatal, Lenin Sánchez Barragán, así como de la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista.

Palabras del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán:

Morelia, Mich., 03 de diciembre de 2018

Dos cosas importantes que quiero compartirles. Agradezco a mis compañeras, compañeros presentes del Gabinete y desde luego les agradezco a ustedes la amabilidad de su presencia; dos temas centrales:

 

Uno, como ustedes se dieron cuenta el día de ayer por la plática que tuve con algunos compañeros de ustedes, es que en el plazo que establece la Constitución y la ley, el gobierno que yo encabezo presentará ante la instancia correspondiente, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional por la invasión de competencias y facultades que se establecen en la nueva ley, o más bien en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Federal, que crea las figuras de los conocidos ya como “superdelegados”, es evidente que hay una invasión competencial y el titular del Ejecutivo, el Gobierno del Estado, está obligado a defender el federalismo y el ámbito competencial.

 

De no hacerlo, estaría yo incurriendo en una omisión, ante una clara violación al pacto federal, una invasión de facultades y garantizar, en consecuencia, la supremacía constitucional.

 

No puede haber, dos autoridades paralelas, mucho menos puede haber una autoridad paralela cuando hay un Gobernador, hay un Ejecutivo Estatal que tiene legalidad y legitimidad. En consecuencia, no puede haber una figura creada en una ley que está por debajo de la Constitución, y con esa figura invadir competencias.

 

De tal manera que quería comunicarles que vamos a interponer la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Y son dos razones fundamentales: una, porque es mi responsabilidad velar por el pacto federal y velar por las facultades que me confiere el ser una autoridad electa en las urnas y por el otro lado, es la defensa de un derecho y es la defensa del derecho de Michoacán como parte de la Federación. Michoacán es una entidad que corresponde al pacto federal y como resultado de nuestra estructura constitucional y de fundación de la unión.

 

No es tema menor, compañeras y compañeros de los medios, sino es un tema que hoy pone a prueba a las instituciones ante una ruta y acciones legales y de actos, que ponen en riesgo la soberanía del estado, y ponen en riesgo la vida de la República Federada, porque somos una República Federada integrada por entidades federativas, que tienen autonomía, que tienen Congresos, que tienen Constitución y tiene Poderes constituidos.

 

En segunda instancia; es que no volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad, que el día de ayer se hizo por una cuestión de cortesía y de mi plena disposición a colaborar con el Gobierno de la República, pero que no volverá a suceder, no volveré yo a convocar a ninguna sesión de esta naturaleza, ni asistiré, si fuera el caso, por no tener las facultades para ello.

 

El llamado superdelegado, -y no es un tema personal, es un tema de las figuras- cuando yo reviso lo que se establece en el Artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, habla sólo de programas de desarrollo, dice que “las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas para entregar beneficio social directo a la población, deberán sujetarse a lo siguiente:

 

–        Informar respecto de los programas atinentes a la respectiva delegación de programas para el desarrollo

 

–        Dar a conocer en términos de la legislación aplicable lo siguiente: las altas y bajas en los padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación; la relación con los municipios y localidades en los que opera el programa; el padrón de beneficiarios de la entidad federativa correspondiente por municipio y localidad; el calendario de entrega de apoyos por entidades federativas, municipio y localidad, con anterioridad de al menos 60 días a la entrega de los mismos; los ajustes presupuestarios que en su caso le sean autorizados; incluir en todo caso la difusión de cada programa la leyenda siguiente: “este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

 

Esas son las facultades del delegado para los programas de desarrollo, pero nada que ver con la seguridad, sin embargo, los señores se han atribuido girar sendos oficios y citatorios tanto en el ámbito estatal, como regional, donde están convocando a los fiscales federales, estatales, a los cuerpos de seguridad, comandantes para reuniones de seguridad.

 

Por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí, dice este cuate, se tira un rollo ahí que en el marco de la transición del Gobierno Federal y que el plan de paz y seguridad tiene el objeto de lograr una coordinación, como si no lo estuviéramos haciendo entre el equipo del Gobierno Federal y las autoridades de la región que usted encabeza, en materia de seguridad, ese oficio está dirigido al Secretario de Seguridad Pública, aquí presente.

 

El documento dice: “Conocedor de su gran disposición para lograr el beneficio en pro de la paz y la seguridad de la región, proceso a solicitar de manera más atenta tenga a bien instruir al personal a su mando que atienden en la ciudad y región de Zacapu, para que asista, el día dos de diciembre del presente año a las ocho de la mañana en la sala de juntas de la Casa de la Cultura, ubicada en…”, y firma el doctor Celerino Felipe Cruz, que no sé si en su casa lo conozcan.

 

Y así se hizo lo mismo con los trece supuestos coordinadores, que si son coordinadores, no sé si están a la par del coordinador estatal o son distintos, pero el nombramiento que todos traen o que anexaron a los oficios enviados con los que están ostentándose, es un documento que dice nombramiento Carolina Rangel Gracida, región Morelia y entonces el nombramiento se lo da Alfonso Durazo.

 

Ya no sé si son los mismos que el superdelegado estatal o estos son otros, y estos dependen de otro, pero en materia de seguridad, los temas son muy delicados y nosotros no podemos estar convocando a personas que no sabemos quiénes son.

 

Entonces también pedimos de manera institucional a la instancia correspondiente para que nos dijeran si estas personas tienen perfil en materia de seguridad o tienen algún antecedente y nos han contestado del Centro de Control y Confianza que no hay ningún antecedente de que estos cumplan con el perfil.

 

En consecuencia, no se volverá a convocar ninguna reunión de esta naturaleza, no participará nadie del Gobierno del Estado en estas convocatorias, que están haciendo estos supuestos coordinadores regionales.

 

Tercero, cualquier autoridad que tenga injerencia en el tema de seguridad deberá de cumplir con los exámenes de control y confianza, que hasta la fecha no sabemos nada. Bueno aquí esta Pantoja, que sabemos que no lo tiene y deberían en consecuencia, el secretario nombrado, el de Seguridad Pública, hacer público que ha aprobado los exámenes de control y confianza, me refiero al Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonzo Durazo, porque así lo establecen la leyes vigentes y que además cuando alguien designa a una persona que no tiene este requisito de haber aprobado los controles de confianza, quien lo designa se hace acreedor a una pena de 2 a 8 años de cárcel por designar a personas que no cumplen con el perfil correspondiente.

 

Entonces quería comunicarles estos dos temas, es importante dejar claro, nosotros no vamos a desatender ni un instante los temas de seguridad. Seguiremos en coordinación estrecha con la Marina, con el Ejército, la Policía Federal, con la PGR y desde luego los cuerpos de seguridad del estado y procuración de justicia.

 

Lo mismo se hará con los municipios que se han adherido al convenio Estado-Municipio para la tarea de seguridad y todo lo que nos mandata la Constitución y la ley, no dejaremos de trabajar todos los días incansablemente para cuidar la seguridad de los michoacanos.

 

También delimitaremos las competencias, porque está muy claro qué delitos le tocan al Estado y qué delitos le tocan a la Federación.

 

En el terreno de lo social y lo demás, abierto y dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno, siempre y cuando se respete en los ámbitos de competencias, porque lo que hoy estamos visualizando no solamente es una invasión de competencias, sino es un intento de avasallamiento de los Poderes constituidos y los niveles de gobierno.

 

En este inicio, de esta historia que se nota mucho deseo por regresar al centralismo más rancio y más viejo de la historia del país y otros agregados que seguramente irán saliendo en los próximos días.

 

De tal manera que yo ahí dejo mi intervención, muchas gracias nuevamente por acompañarnos.