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México, D.F., 14 de febrero de 2015.- El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, urgió a las fuerzas políticas que conforman el Poder Legislativo y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a sumar esfuerzos y legislar en favor de una ley que erradique y proteja los derechos de víctimas de la desaparición forzada, así como la creación de un registro nacional único, confiable y certificado de personas desaparecidas.
Lamentó que en la actualidad, la desaparición forzada siga siendo un problema que lastima profundamente y lacera los derechos humanos de la sociedad mexicana por lo que se pronunció por hacer todo lo que esté al alcance del Poder Legislativo a fin de encontrar soluciones de fondo y de largo plazo.
Silvano Aureoles señaló que en México, “por lo menos debemos sumarnos todos y todas al llamado de que nuestro país cumpla pronto con los compromisos internacionales y tener una ley que proteja a las víctimas de la desaparición forzada…es preocupante que en Michoacán, por ejemplo, 5 de cada 6 casos no sean denunciados”.
Insistió que en México se debe generar un profundo cambio social, cultural, económico y político con el fin de evitar que se repitan y sigan violando los derechos humanos de los mexicanos, “hace unas semana el Cofaddem dio a conocer que en Michoacán existen 228 casos de desaparición forzada por motivos políticos o sociales y eso no puede seguir ocurriendo”.
El legislador michoacano agregó que a pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesamos, el Estado mexicano y toda la sociedad mexicana en su conjunto, “debemos refrendar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en mantener espacios de convivencia y de tolerancia que nos lleven al entendimiento, la reconciliación y la construcción de acuerdos para solucionar nuestros problemas”.
El diputado presidente hizo votos para “superar los retos y los problemas en esta materia, tanto en el presente como en el futuro, para encontrar la paz, la justicia y el desarrollo y bienestar que tanto necesitamos” y llamó a que tanto el Poder Legislativo como la CNDH cumplan con su responsabilidad pública en la materia, y vayan más allá de pronunciamientos mediáticos, “no puede ser que siga habiendo una danza de cifras, las cifras que cuentan las víctimas y las cifras que reportan los organismos del estado”, recalcó.
