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México; DF, 31 de octubre de 2014.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las pretensiones del PRD y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes buscaban llevar a consulta popular la reforma constitucional en materia energética.
Con nueve votos a favor y uno en contra, el pleno de la corte resolvió que la pregunta que pretendían someter los dos institutos políticos a consideración de los mexicanos, es inconstitucional, porque se actualiza uno de los supuestos que prohíbe la Constitución, particularmente el referente a los ingresos y gastos del Estado.
El presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, y Luis María Aguilar Morales, dejaron claro que la Corte no está poniendo restricciones a la celebración de consultas populares, sino que solo está respetando lo que dice la Constitución.
El pleno puntualizó que ambas preguntas están relacionadas esencialmente con el tema de ingresos, cuando la mayor fuente de entradas para el país proviene de la industria petrolera, recursos que se destinan para fines estatales específicos.
Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo Larrea enfatizaron que lo que hizo el Constituyente con esta reforma fue crear una política fiscal constitucional para obtener ingresos que contribuyan a largo plazo al desarrollo de la nación.
Morena, partido que lidera Martí Batres Guadarrama y en el que Andrés Manuel López Obrador es presidente del Consejo Nacional, planeaba preguntar:
¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?
Mientras que la pregunta que propuso Jesús Zambrano, ex presidente del PRD, es:
¿Está de acuerdo con que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?
En el caso de Morena, Olga Sánchez Cordero, ministra ponente, propuso declarar inconstitucional la pregunta, porque la intención de ésta tenía como objetivo llevar a consulta los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, referente a la asignación y contratación de empresas para la explotación de hidrocarburos.
Y citó el artículo 27:
“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación”.
En abril pasado, Elena Poniatowska y Claudia Sheinbaum dieron aviso en el Senado de la intención de someter a consulta popular el tema de la reforma energética, solicitud que después fue presentada por Martí Batres en escrito del 10 de septiembre de 2014, y en la que se afirmó que ésta contaba con el respaldo de 2 por ciento del padrón electoral.
En el caso de la pregunta del PRD, los ministros no tardaron ni 30 minutos en discutir el tema, pues reiteraron sus votos, además de que otros dijeron que en este caso se menoscaban los derechos humanos.
El único ministro que votó a favor de las consultas fue José Ramón Cossío Díaz, quien un día antes votó a favor de llevar a cabo una consulta sobre el salario mínimo, como proponía el PAN.
