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30 de octubre, 2014 — El Comité de la ONU para los Derechos Humanos afirmó hoy que las detenciones arbitrarias basadas en preocupaciones de seguridad constituyen una amenaza a la libertad y al goce de otras garantías fundamentales.
El Comité emitió un comentario que aclara cuándo y cómo se justifica la prisión preventiva y establece las obligaciones de los Estados para evitar que las personas sean detenidas de manera ilegal.
Entre los puntos definidos en el documento, el Comité marca un plazo de 48 horas para presentar al individuo detenido por sospechas ante un juez.
Asimismo, estipula que los Estados no pueden evadir sus obligaciones al utilizar empresas privadas para los operativos de detención y subraya que tienen el deber de proteger a las personas de otras amenazas a la libertad provenientes de esos actores privados.
Por otra parte, enfatiza el grave riesgo de que la detención de una persona sea arbitraria cuando ésta se realiza sin cargos en situaciones de excepción como las de un conflicto armado, e indica que en tales casos deben proveerse salvaguardas.
