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Morelia, Mich., 20 de octubre del 2014.- El Estado Mexicano no puede seguir rehuyendo la responsabilidad que tiene en torno a la desaparición de personas en territorio nacional, fenómeno que en el que no solamente ha sido omiso, sino que ha solapado e incluso se ha visto directamente involucrado, apuntó el legislador José Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXII Legislatura local.
El diputado por el distrito de Pátzcuaro, lamentó que un hecho tan grave como la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, tenga que acontecer para que la autoridad voltee y reconozca aunque sea tibiamente que hay un problema en el país en torno a violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Recordó que en el caso de Michoacán, en los últimos años se han venido acumulando el número de casos de ciudadanos que desaparecen sin dejar rastro, muchos de ellos con testimonios sobre la participación activa de las autoridades como perpetradores de la desaparición.
El legislador de extracción perredista refirió que la desaparición de personas es la muestra máxima de la violación a los derechos humanos de las personas, ya que sustrae de todo a la persona, es decir su presencia y su vida, dejado en un estado de absoluta indefensión y vulnerabilidad a la familia frente a la incertidumbre.
Consideró que en tanto no exista una transformación de fondo en el ejercicio público del país, los estados y los municipios, será difícil generar condiciones para que el fenómeno de las desapariciones forzadas desaparezca, por lo que existe el riesgo que las medidas que se tomen sean ornamentales y sólo con un sentido mediático.
En el caso de Michoacán refirió que el tema de la desaparición forzada no es nuevo, en donde la sociedad y familiares ha venido demandando a las autoridades estatales el esclarecimiento de cada caso y justicia.
Es por ello que recordó que desde el 2012 presentó ante el Pleno de la LXXII Legislatura local una iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas para el Estado, la que prácticamente se encuentra finiquitada en su revisión, por lo que espera que este mismo año pueda ser aprobada por el Pleno del Congreso.
