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Por Manuel Lozada (19-VII-2014).- Tiene toda la razón el diputado perredista Elias Ibarrano al señalar que «no es obligación de un ciudadano garantizar la alimentación, educación, servicio de salud, vestido a la ciudadanía, por lo que enfatizó que el caso de “Mamá Rosa” es una clara evidencia del fracaso de las políticas públicas en materia de Asistencia Social».
También es cierto que la obligación del Gobierno estatal de Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara, los tres del PRI, es estar atentos y tratar de coadyuvar a resolver la difícil situación que enfrentaba el albergue «La Gran Familia», en Zamora, dentro de sus programas de asistencia social puesto que la precaria alimentación, la suciedad, las pulgas, chinches y cucarachas, además de las violaciones que se cometían en las instalaciones, finalmente el único culpable es el GOBIERNO DEL ESTADO.
Cómo es posible que después de 40 años se hayan dado cuenta de la serie de anomalías que se presentaban el el albergue de «Mamá Rosa». La administración priista debe asumir sus responsabilidades sociales y más cuando se trata de más de 600 personas entre bebes y adultos, mujeres y hombres. Pareciera que se quisiera instalar un distractor, una cortina de humo, para tratar de aminorar el linchamiento que la sociedad michoacana viene haciendo del fracaso de las políticas públicas de los últimos 30 meses en el Estado, y en los últimos 20 meses de administración federal.
Las administraciones del PRI, tanto municipales, estatales y federales y más en Michoacán, han sido un rotundo fracaso. La inseguridad ha aumentado, el desempleo ha crecido y han aumentado los problemas económicos y sociales.
El futuro es cada día más gris.
