Ley General de Víctimas

Por Noemí Avilés.-

(120712) México tiene su historia en materia de violación a los derechos humanos por diversos motivos y en diferentes periodos históricos. Mas los lastres pesan y tanto más cuando la situación de violencia en el país crece vertiginosamente por la presencia y diversificación del crimen organizado.

Simple creer que la violencia ejercida sobre mexicanos únicamente viene del lado de los malos, contamos con información y vivencia cercana de violación a los derechos humanos de la fuerza de estado. Amplia es la lista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que demuestra la fallida y parcial o poco pensada estrategia de combate al crimen organizado. Pero la lista no para aquí, incontables víctimas del estado en otros momentos podrían salir a flote de aprobarse la Ley General de Víctimas, hablo de presos políticos, luchadores sociales incómodos, mentes divergentes con ideología propia ya propuesta de un estado mejor de cosas que sugerían ruptura de su realidad y la de los que ostentaban el poder.

El pasado ocho de julio, Rosario Ibarra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, denunció la negativa de Felipe Calderón respecto a la obligación del estado de buscar y reivindicar la memoria de los desaparecidos, y recalcó que en más de cuatro décadas de lucha para reivindicar a desaparecidos políticos ha encontrado todo tipo de resistencias a sancionar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad.

Dicho esto, en un contexto en el que es necesaria la respuesta del Estado en la prevención, la investigación y reparación de daños por la ola del crimen organizado y la desaparición forzada de personas. Y este es precisamente el contenido de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso el pasado 30 de abril, pero vetada por Calderón Hinojosa.

De nadie es ajeno el sufrimiento de las víctimas que ha generado la política gubernamental del combate al crimen organizado. Cantidad conmensurable de mujeres y hombres vejados en su vida y provocando dolor a los que quedan con los restos de una lucha que ni tiene límites ni fin, de acuerdo con las propuestas del virtual presidente de México.

La sociedad, una parte de esta, se congrega para solicitar el cese al fuego y el fin del dolor ocasión de la perdida de ser amado. Por su lado, expertos en el tema del combate a los poderes de facto analizaron y valoraron las pérdidas humanas y de legitimidad que pusieron en juego. Todo indicaba la prudencia presidencial. No hubo respuesta, hubo silencio y más balas.

Seis años nos ha costado la propuesta de la Ley General de Víctimas, pero nada mueve la inteligencia del presidente. La dirección de la flecha en materia de derechos humanos no señala ni  dirige al cumplimiento con las víctimas, con los que quedan, todo lo contrario: la ciega búsqueda de imponer el poder se reduce a la aplicación deficiente de la fuerza del Estado, la milicia y la marina, sin mejorías en su estrategia y política de seguridad. Antitética palabra que significa, de facto, todo lo contrario de la garantía, protección.

Justo por la realidad para algunos mexicanos, urge la publicación de la Ley General de Víctimas. Promovida y defendida hoy por los representantes de la izquierda en el Senado, tal es el caso del senador Leonel Godoy Rangel quien confirma la urgencia de esta ley, una ley que establecería mecanismos de búsqueda conforme lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales en materia de desaparición forzada donde las víctimas y sus familiares tendrían el derecho a conocer la verdad, a recibir información específica sobre los delitos y las violaciones de garantías constitucionales sufridas, las circunstancias en que ocurrieron y, en los casos de fallecidos, desaparecidos o no localizados, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. ¿Felipe Calderón y su equipo de trabajo estarían dispuestos a rendirles cuentas a los familiares de las víctimas?

Es pregunta que demanda afirmación.